La investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno trae un aire de esperanzadora regeneración de la vida política española, después de los “años de plomo” marcados por el estallido de los escándalos de corrupción. La multiplicidad de los apoyos que ha obtenido el candidato socialista (UP, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe) son el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de sensibilidades territoriales que conviven en el Estado español. Y esto es, objetivamente, muy positivo.

También lo es que dos partidos independentistas, con un histórico y profundo arraigo político en Cataluña (ERC) y en Euskadi (EH Bildu), hayan decidido avalar, con su abstención, el nuevo gobierno de coalición que formarán PSOE y UP. Este es un cambio de paradigma sin precedentes desde el restablecimiento de las libertades democráticas después de la muerte del dictador Francisco Franco y del cual nos tenemos que felicitar. 

Como es obvio, el presidente Pedro Sánchez empieza su mandato rodeado de muchas incertidumbres e interrogantes. La fragilidad y volatilidad de la mayoría parlamentaria que le apoya es la principal y tendrá su primera prueba de fuego en la inaplazable tramitación y aprobación de los presupuestos generales del Estado. 

Pero el presidente del gobierno cuenta con una importante ventaja de salida: la fatiga de la sociedad española que, después de este último tormentoso ciclo político, con cuatro elecciones generales en los últimos cuatro años, además de unas municipales y las europeas, reclama un gobierno estable, ejecutivo y serio que pueda trabajar. 

Entre las grandes novedades de esta etapa que comenzamos está la conformación de un gobierno de coalición, el primero que conocerá España desde la II República. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pilotarán esta experiencia, inédita en la historia democrática española contemporánea -marcada por la alternancia monocolor del PSOE y del PP-, y hay que esperar que sabrán gestionarla con responsabilidad y madurez. 

A pesar de que el Estado español es, formalmente, una monarquía constitucional, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez entronca con el espíritu reformador progresista de la II República. En la agenda de trabajo que le espera, ingente e intensa, destaca la resolución del conflicto planteado por el independentismo catalán. En este sentido, las negociaciones que han mantenido el PSOE y ERC para consolidar la investidura ya marcan el camino a seguir y, de entrada, han conseguido temperar el ambiente. Esto, a pesar de la extemporánea decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que no tiene ningún recorrido y que solo ha servido para dar vidilla al amortizado presidente de la Generalitat, Quim Torra.