La Generalitat de Cataluña tiene que gastarse 159 millones de euros para limpiar y restaurar los terrenos de un vertedero ilegal con el cual Jordi Pujol Ferrusola hizo a principios de la década pasada un pelotazo de 5,3 millones de euros, según publica El País.
Se trata de la antigua cantera de arcilla conocida como Vacamorta y situada en Cruïlles en el Baix Empordà (Girona), con una superficie de 15,4 hectáreas y en la cual hay algunas zonas donde los residuos llegan a los 70 metros de profundidad.
Según el anteproyecto de la Generalitat, el vaciado de los residuos ordenado en sentencia firme del Tribunal Supremo en 2014 obligará a retirar 2,9 millones de desechos y tierras contaminadas. Para hacer esta operación se calcula que serán necesarios 143.000 viajes de camión a un ritmo de uno cada cinco minutos durante cinco años.
Uno de los problemas con el que se enfrenta la limpieza de Vacamorta es que el volumen de residuos a trasladar llevaría al límite de su capacidad a los tres vertederos existentes en Cataluña y quizás es necesario abrir otro nuevo.
El estudio de impacto ambiental para vaciar Vacamorta alerta de los efectos contra el medio ambiente de esta operación. El estudio afirma que los trabajos liberarán a la atmósfera "entre 180.000 y 350.000 metros cúbicos de biogás", formado en "un 46% por metano", causante del efecto de invernadero.
El informe también destaca que trasladar los residuos consumirá hasta 25,7 millones de litros de gasóleo e informa de los "fuertes olores" que los desechos provocarán "en la zona y las poblaciones próximas al recorrido de los camiones". Por todo ello, el estudio concluye que la forma de reducir al máximo el impacto al medio ambiente es la de sellar los residuos y dejarlos dónde están.
El vertedero de Vacamorta es uno de los negocios investigados por la Audiencia Nacional en el caso Pujol. La Fiscalía Anticorrupción considera que el hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como ya hizo con otro vertedero situado en Tivissa (Tarragona) utilizó las influencias que tenía en la Generalitat y en Convergència (CDC) para sacar adelante un proyecto que siempre que ha llegado a los tribunales ha sido declarado ilegal. Pujol Ferrusola ingresó con la venta del vertedero 5,5 millones de euros, según destapó hace dos años El País y ha confirmado un informe de la Agencia Tributaria.
