Garantizar que todo el mundo pueda acceder al padrón municipal es una de las principales demandas que se incluyen en el documento Reflexiones y propuestas en clave local que la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha elaborado y presentado a los diferentes partidos y agrupaciones que se presentan a las elecciones de este 26 de mayo. Para ECAS, que agrupa más de cien organizaciones sin afán de lucro y atiende unas 850.000 personas cada año, hay que "garantizar el derecho al padrón municipal como puerta de acceso a muchos otros derechos en el ámbito de los servicios sociales, la salud y la educación".
El documento de ECAS recoge la preocupación de las entidades que forman la federación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que no están empadronadas y se propone que se acepte el empadronamiento de las personas sin hogar fijo en sedes de instituciones públicas o de las asociaciones que los atienen. Junto con el padrón, los otros ámbitos en los que se pide una implicación especial de los regidores elegidos el día 26 son la vivienda, la ocupación, la garantía de ingresos, los servicios sociales y la inclusión educativa.
Las entidades sociales recuerdan que uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 trata de la necesidad de crear ciudades y comunidades sostenibles "poniendo en valor la relevancia del mundo local a la hora de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles". Además, apuestan por "ciudades pacíficas e inclusivas, que más allá de acoger la diversidad la reconozcan como una fuente de enriquecimiento y progreso social". A su entender, hacen falta "ciudades pensadas con y para las personas en todos sus momentos vitales, capaces de incorporar las miradas de los niños, de la gente mayor y de todos los colectivos vulnerables".
En cuanto a la vivienda, ECAS propone que se aplique "de manera generalizada y uniforme la ley 24/2015 para evitar los desahucios, las pérdidas de la vivienda y los cortes de suministro, promoviendo los mecanismos de segunda oportunidad para las personas endeudadas e incrementando el número de viviendas para los realojos". También pide que se amplíen las medidas preventivas para mantener la vivienda y se aumente el parque de vivienda pública y de alquiler social hasta lograr el 15% de media europea "con medidas como la del alquiler privado y poniendo freno a los incrementos abusivos que segregan y expulsan el vecindario. Así mismo, se considera que se tiene que garantizar el acceso universal a los suministros básicos de todas las viviendas, "incluidos los ocupados de manera irregular mientras no se realojan las persones ocupantes" y que hay que sancionar las compañías suministradoras que incumplen la ley 24/2015 y establecer convenios para que asuman las deudas acumuladas por los hogares en situación de riesgo que no han podido hacer frente a los pagos.
En cuanto a las personas que no tienen hogar, ECAS reclama que se garantice "un techo digno a las personas en situaciones cronificades de calle con un alto grado de vulnerabilidad", que se potencie una visión metropolitana para que estas personas puedan ser atendidas en su municipio y que se les garantice el padrón y la tarjeta sanitaria para que puedan ir al médico con normalidad y acceder a los recursos que ofrece el Ayuntamiento.
Entre las reivindicaciones de las entidades en el apartado de servicios sociales está la de incrementar la ratio de profesionales para asegurar la calidad de la atención en unas condiciones adecuadas, eliminando las listas de espera y la saturación actuales. También se incluye la coordinación entre los diferentes servicios y prestaciones, la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites y la documentación que se requiere, habilitando una ventanilla única que canalize las peticiones y que se haga un único informe social para cualquier ayuda o prestación. Además, hace falta que se comuniquen las informaciones de manera más entendedora.
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