El consejero delegado de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), Francesc Pena, ha destacado por haber concedido durante su mandato al frente del ente mediático de titularidad pública dependiente de la Diputación de Barcelona, varios contratos a personas, asociaciones y empresas vinculadas a la antigua Convergencia Democrática o, lo que es lo mismo, el actual PDECat.
Eso sí, curiosamente la cuantía de los importes de los contratos ha permitido en muchos casos eludir la obligación de abrir un concurso público por el hecho de no superar los 18.000 euros más IVA.
Francesc Xavier Sánchez, responsable del área económica y jurídica de CDC; Francesc Xavier Solà I Cabanes, ex-directivo de la Associació Catalana de Municipis (ACM), o incluso el mismo Francesc Homs, ex-portavoz y consejero de la Presidencia del gobierno de Artur Mas y amigo personal de Francesc Pena, son algunos de los beneficiados de los contratos de la Xarxa, nombre con el cual también se conoce el ente mediático de la Diputación de Barcelona.
Según consta en el portal de Transparencia de la XAL, bajo las órdenes de Francesc Pena este ente de comunicación local también ha contratado los servicios del bufete del abogado Francesc José María, el tercero más contratado por la Generalitat durante cinco años de gobierno de Artur Mas, que realizó unos 200 encargos de servicios jurídicos de parte de 15 organismos diferentes dependientes del departamento de Salud, puesto que está especializado en este sector.
El ex-consejero de la Generalitat Francesc Homs ha sido contratado como asesor externo sin tener que superar ningún concurso público, como abogado especializado en compliance, término técnico que hace referencia a la adecuación de las decisiones de esta empresa pública a la legislación administrativa, fiscal y penal. Fuentes conocedoras del contrato sitúan el pago en unos 10.000 euros.
Francesc Xavier Sánchez, responsable del área económica y jurídica de CDC e investigado por el caso de corrupción del 3%, ha recibido, según consta también en el portal de Transparencia, contratos de 15.000 y 18.000 euros por servicios de asesoramiento y asistencia jurídica y legal.
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