La ley de aguas del año 2001 estableció que las concesiones para la explotación de las centrales hidroeléctricas tienen un límite máximo de vigencia de 75 años. Esto quiere decir que, situados en el año 2018, todas las concesiones anteriores a 1943 ya han vencido y tienen que revertir automáticamente en el Estado.
La aplicación de esta ley tiene un fuertísimo impacto en Cataluña y, en especial, en las comarcas de los Pirineos, donde la empresa Endesa continúa aprovechando impunemente la producción eléctrica de los embalses y de los lagos de alta montaña, aunque en muchos casos su concesión esté ya vencida. Por su gran importancia en un sector tan estratégico cómo es el de la energía, este es un escándalo de primera magnitud que, a buen seguro, generará, en las próximas semanas y meses, un intenso debate político.
La voz de alerta la ha dado el Observatorio de la Sostenibilidad (OS), que acaba de publicar el informe Recuperación de las concesiones hidroeléctricas. Este estudio señala que, con la liberación de las concesiones –una vez acabado el periodo de explotación de 75 años– y su regreso a la titularidad pública se abre una gran oportunidad para reorganizar el sistema eléctrico español, donde la energía hidroeléctrica aporta el 20% de la generación (20.331 Mw, el equivalente a 20 centrales nucleares).
En el caso de Cataluña, según este informe del OS, el 24% de la producción eléctrica de origen hidráulico ya rebasa el límite concessional y, por lo tanto, tendría que estar actualmente bajo gestión pública. Pero la increíble desidia o incompetencia de las autoridades con responsabilidad directa sobre el régimen hidráulico en Cataluña –la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Generalitat– hacen que no se haya emprendido la recuperación de las concesiones que ya están vencidas.
La gran beneficiaria de esta incomprensible y dolosa irresponsabilidad política y administrativa es la empresa Endesa, que explota 47 centrales hidroeléctricas (pequeñas y grandes) en Cataluña, con una potencia instalada de 1.458 Mw. La compañía sabe que está totalmente en falso y, por eso, tiene contratados al abogado y ex-político Miquel Roca Junyent como miembro de la comisión ejecutiva del consejo de administración –con una remuneración, el año pasado, de 270.000 euros– y su bufete de abogados, que también factura trabajos de asesoramiento a la empresa eléctrica, propiedad de la italiana Enel.
Según los datos consultados por EL TRIANGLE, hay diez centrales hidroeléctricas en Cataluña que ya tienen vencida la concesión. Son las de Cabdella (en funcionamiento desde el 1914), Serós (1914), Sossís (1914), Talarn (1916), Camarasa (1920), Pobla (1920), Molinos (1921), Sant Llorenç de Montgai (1930), Gavet (1931) y Terradets (1935). Todas ellas forman parte de la primera etapa de la electrificación de Cataluña, que comportó la destrucción de los valles de la Noguera Pallaresa para hacer funcionar las fábricas de la conurbación de Barcelona.
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