En 1953, el régimen franquista y la Santa Sede firmaron un Concordato en el cual, a cambio de que el dictador Franco pudiera nombrar a dedo los obispos y arzobispos, la Iglesia recibía grandes privilegios en materia económica, fiscal y educativa. 26 años más tarde, el 3 de enero del 1979, se formalizaron cuatro nuevos acuerdos entre España y la Santa Sede en los ámbitos jurídico, económico, educativo, cultural y militar. Este Concordato se negoció coincidiendo con los trabajos para aprobar una Constitución democrática.

La Constitución se aprobó unos días antes que los textos concordatarios. Definía España como un Estado aconfesional donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Los textos concordatarios eran claramente inconstitucionales, pero, cuarenta años después, todavía son vigentes. Las diversas iniciativas parlamentarias que han intentado anular el Concordato han fracasado.

Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la aprobación de los textos concordatarios, la Fundación Ferrer y Guàrdia ha lanzado una campaña que, bajo el lema "Paremos el Concordato", quiere poner fin a los privilegios de los que disfruta la Iglesia católica en España. El acceso a la presidencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez abrió ciertas esperanzas en este sentido. Los sectores eclesiales más conservadores temieron que el nuevo gobierno pusiera hilo a la aguja a la supresión de las ventajas de las cuales han disfrutado estos cuarenta años. No los gustó que la toma de posesión del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez fuera la primera en la que los nuevos ministros prometieran el cargo sin crucifijos ni biblias por el medio. Pero, finalmente, la convocatoria de nuevas elecciones ha vuelto a dejar en stand by la idea de convertir el Concordato en papel mojado. Todo continúa más o menos igual que en 1953. Franco está muerto, eso sí. En 1976 se firmó un acuerdo entre el gobierno español y la Santa Sede que derogaba la potestad del jefe del Estado para nombrar prelados. Juan Carlos I no podía elegir los obispos y los arzobispos, pero la Iglesia mantenía sus privilegios prácticamente intactos en la revisión del Concordato aprobada en 1979.

El acuerdo económico comporta, según la Fundación Ferrer y Guàrdia, "uno de los privilegios más escandalosos de la Iglesia: la exención fiscal a toda una serie de impuestos –estatales, autonómicos y municipales–, IBI, impuesto de transmisiones y patrimonio, de sociedades, sobre las obras y exenciones en cuanto a donaciones". La asociación Europa Laica calcula que las exenciones fiscales ahorran unos 2.000 millones de euros anuales a la Iglesia. Las aportaciones en la declaración de la renta superan los 230 millones de euros anuales. Es dinero que pierde el Estado; es decir, el conjunto de la ciudadanía.


 

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