Los promotores de la iniciativa legislativa popular que trajo la renta garantizada de ciudadanía (RGC) al Parlamento de Cataluña se sienten estafados por la forma en como se aplica este derecho subjetivo, la puesta en marcha del cual fue aprobada de forma unánime. Consideran que el departamento de Trabajo que dirige Chakir el Homrani (ERC) hace lo posible para que se otorguen cuanto menos prestaciones mejor, además de mentir y ocultar datos sobre su aplicación.


La renta garantizada de ciudadanía se empezó a entregar a sus beneficiarios a partir del 15 de septiembre del 2017, y desde entonces las cifras de concesiones y denegaciones han sido difíciles de aclarar. Los datos aportados por el departamento de Trabajo han sido a menudo confusas o contradictorias. JuntsxCat y ERC nunca fueron entusiastas defensores de su aprobación, pero acabaron sumándose a la mayoría parlamentaria que lo apoyaba porque la CUP decantaba la balanza a favor de su implementación.


La comisión promotora de la ILP, que consiguió más de 120.000 firmas partidarias de la renta garantizada de ciudadanía, topa con un departamento de Trabajo que pone todo tipo de trabas a sus demandas de información. Lamentan, sobre todo, el gran número de denegaciones de solicitudes de la RGC. En el último informe del departamento de Trabajo, presentado el pasado 28 de diciembre, tres días antes de que se acabara el plazo legal para hacerlo, se reconoce que en su primer año de funcionamiento se habían aprobado el 10% de las peticiones. Entre el 15 de septiembre del 2018 y el 11 de enero del 2019, estas aprobaciones han sido del 21%, según el mismo departamento.

Los principales motivos de denegación de la RGC o de los complementos de pensiones y prestaciones asociadas a la ley que aprobó son que se disponga de ingresos superiores a los umbrales que establece, que el titular o alguno de los beneficiarios trabaje a tiempo parcial o jornada completa o que no se acredite la residencia continuada en Cataluña. Según el último informe del departamento que dirige El Homrani, el porcentaje de denegaciones de solicitudes ha sido de un 56% en los últimos cuatro meses. Un 22% están pendientes de resolución o corresponden a ciudadanos que han renunciado.


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