El proyecto de ley de creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (APNB), que promueve el departamento de Territorio y Sostenibilidad, está provocando gran malestar en el mundo rural y en sectores económicos que viven del medio natural. Esta ley, que empezó los trámites parlamentarios en 2017, está previsto que se apruebe este próximo mes de junio.

Entidades como el consejo comarcal del Pallars Sobirà o la Federación Catalana de la Raza Bruna de los Pirineos han manifestado su oposición al redactado de la ley de la APNB, pues  consideran que los alcaldes y los propietarios de fincas rústicas han quedado marginados en los debates preparatorios y en los órganos de gobierno que prevé la futura Agencia. Por el contrario, los grupos ecologistas y medioambientalistas, reunidos en la Red por la Conservación de la Naturaleza, están claramente a favor de esta ley y reclaman su aprobación urgente.

Desde el territorio, especialmente desde la alta montaña, se critica que la APNB se ha diseñado en despachos de Barcelona, muy alejados de la realidad de las dificultades de la subsistencia en los ámbitos rurales y tildan la ley que impulsa el consejero Damià Calvet de “colonial”. Por ejemplo, no se ha tenido en cuenta que la mayor parte de los bosques de los Pirineos son de propiedad comunal o municipal.

En el trámite de elaboración de la ley, el Parlamento escuchó las aportaciones de 32 expertos, entre los cuales los representantes de las dos asociaciones municipalistas. Pero lo cierto es que los pequeños ayuntamientos, los más directamente afectados por la futura APNB, han tenido conocimiento de sus detalles a última hora, cuando la ley ya está terminada, y piden que se aplace su aprobación definitiva.

Uno de los aspectos más polémicos es el de la gestión de los bosques. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que depende de ERC, ha asegurado que continuará manteniendo sus competencias en silvicultura. Precisamente, desde ámbitos de ERC es donde han proliferado las voces más criticas con la futura APNB, si bien el partido mantiene oficialmente el apoyo a la ley impulsada por el consejero Damià Calvet (Junts x Catalunya).