El todopoderoso e intocable presidente del Real Madrid, el empresario Florentino Pérez (conocido como «el ser superior»), pasa por horas muy bajas. Su equipo ha sufrido la vergüenza de verse eliminado de la Copa del Rey por el Leganés y la gran distancia que lo separa del FC Barcelona en la Liga (19 puntos) hace que esta temporada del equipo blanco sea especialmente nefasta.
Además, los casos de corrupción bajo investigación judicial atenazan, cada vez más, su empresa ACS, de la cual es presidente y consejero delegado. Lo ha recordado, curiosamente, el diario Público, de Jaume Roures, que explota el contrato de gestión del canal Real Madrid TV, pero que desde hace meses mantiene una tensa relación comercial con Florentino Pérez.
En un artículo publicado por este diario digital, bajo el título «La sombra de la corrupción inquieta al emporio de Florentino Pérez», se detallan los affaires judiciales donde está enfangada ACS, en relación con la corrupción de Convergència y del PP:
· El caso Lezo, que investiga la corrupción a la empresa pública
· Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid. ACS habría pagado una comisión de 0,6 millones a una sociedad controlada por el ex-presidente de la comunidad, Ignacio González, a cambio de la adjudicación de las obras.
· En el sumario de la operación Púnica, Florentino Pérez ha tenido que declarar como testigo por la contratación, a través del Real Madrid, del responsable de esta trama, Alejandro de Pedro.
· Durante el juicio del caso Gürtel, el principal imputado, Francisco Correa, ha explicado que ACS, entre otras compañías, pagaba comisiones al PP.
· En el caso del 3%, la Fundación ACS aparece como donante habitual de la Fundación Trias Fargas (Catdem). Los investigadores relacionan estos pagos con la adjudicación de contratos públicos por parte de administraciones controladas por CDC, como el del servicio de recogida de basura de Olot, que gestiona Urbaser, filial de ACS.
Para acabar de rematarlo, el Tribunal Constitucional ha anulado el procedimiento por el cual se estableció la indemnización de 1.350,7 millones a la empresa Escal UGS, promotora del fallido almacén de gas Castor, participada mayoritariamente por ACS.
