Santi Vila saltó del barco procesista en el último momento: dimitió del gobierno de la Generalitat el 26 de octubre del 2017, horas antes de que en el Parlament se aprobara, a instancias del ex presidente Carles Puigdemont, la falsa DUI. Esto, los sectores independentistas más hiperventilados no le han perdonado nunca y el ex alcalde de Figueres es considerado, desde entonces, un “traidor” a la causa, a pesar de su antigua y larga amistad con Carles Puigdemont.

En el juicio del Tribunal Supremo, Santi Vila fue condenado a un año y ocho meses de inhabilitación especial y a una multa de 60.000 euros. Antes, pasó una noche en la cárcel, por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y salió después de depositar una fianza de 50.000 euros.

Pero Santi Vila afronta otro “marrón” judicial, derivado de su actuación como consejero de Cultura en el conflicto de las obras religiosas del monasterio de Sixena depositadas en el Museo Diocesano de Lleida. Está acusado y condenado de desobedecer una sentencia del año 2015 del juzgado n. 3 de Huesca, que ordenaba la devolución inmediata de las 44 obras en litigio. Santi Vila se opuso y ahora el juzgado le pide una fianza de 216.000 euros.

Para evitar correr el riesgo del embargo, Santi Vila ha pedido a la Caja de Solidaridad independentista que asuma el pago de estos 216.000 euros. Pero la entidad que presiden Ernest Benach y Nuria de Gispert no está por la labor y dice que este caso “está en estudio”.

La petición de Santi Vila a la Caja de Solidaridad ha levantado una gran polvareda en las redes sociales. Son numerosísimos los tuiteros que se oponen radicalmente a que esta entidad pague los 216.000 euros que pide el ex consejero de Cultura, al cual vituperan con todo tipo de epítetos injuriosos e insultantes por su dimisión del gobierno de la Generalitat en vísperas de la falsa DUI. Hay muchos mensajes que advierten que, si la Caja de Solidaridad se aviene a pagar el importe de esta fianza cautelar, dejarán de hacer más donativos.

En cambio, hay independentistas del “sector intransigente” que admiten, en privado, que Santi Vila fue el único de los acusados que explicó la verdad en el juicio del 1-O y que a los dirigentes del proceso la situación se les escapó de las manos. El ex consejero dimitió porque consideraba que la única salida viable era la celebración de elecciones anticipadas en Cataluña. Pero ahora es un “traidor” que no merece recibir la ayuda de la Caja de Solidaridad y que tiene que pagar con su ruina personal.