La situación creciente de crisis en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha entrado en una escalada después de que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, expulsara literalmente a su vicepresidente económico, Andreu Subies, hace poco más de una semana.

Ahora la sombra de la corrupción empieza a afectar a su sucesor en la catalana, Joan Soteras, quien gestiona siguiendo las instrucciones personales y directas de Subies en una federación donde nadie discute que Soteras es un presidente interpuesto que consulta todas las decisiones con los ejecutivos y asesores de confianza que Subies ha mantenido en el cargo para asegurarse el pleno control y efectivo de la situación, por encima de la misma junta.

La demostración más evidente, ya denunciada por algunos clubes que se han desmarcado claramente de la tiranía federativa de Subies-Soteras, radica en el sospechoso proteccionismo al expresidente, investigado por graves delitos económicos contra la propia federación y la mutualidad de futbolistas. La Federación Catalana, pese a las pruebas cada vez más concluyentes que sustentan las irregularidades, sigue negándose a dar un paso adelante en defensa de sus intereses patrimoniales y financieros que, en definitiva, son los intereses de los clubes.

Ante esta situación insólita en la que la FCF, presuntamente perjudicada por el desvío de fondos a beneficio particular de directivos, se opone a reclamar los daños -y, al contrario, incluso ha intentado financiar la defensa de los investigados-, una serie de clubes ha enviado ya escritos solicitando explicaciones, aclaraciones y asunción de responsabilidades.

El siguiente paso, ya que la rigidez federativa obedece a que Joan Soteras y su junta directiva están atados de pies y manos por Andreu Subies y se niegan a responder y a dar la cara, será inevitablemente la petición de dimisión de Soteras. Desde el punto de vista legal, la postura pasiva de la actual junta directiva empieza a ser insostenible y puede ser que de complicidad, encubrimiento y de culpabilidad en el supuesto de que se acaben exigiendo cuentas ante los tribunales.