Las medidas excepcionales de seguridad para contener lo que, finalmente, fue un ataque fantasma de Tsunami Democràtic llegaron a generar una auténtica paranoia entre los responsables de asegurar la correcta celebración del clásico en el Camp Nou. No hacía falta nada más que seguir el espectáculo de las reuniones de autoridades -con el consejero de Interior Miquel Buch al frente- grabadas y distribuidas por los medios de la Generalitat.

El resultado, un despliegue para aislar el Camp Nou, filtrar espectador por espectador y seguir persiguiendo el espectro de un movimiento como Tsunami Democràtic, que improvisa y juega con el miedo de unos, la falta de personalidad de otros y, sobre todo, con la irresponsable empatía de los medios de comunicación, su mayor aliado junto con la ciega militancia de los tsunamistas.

El FC Barcelona, a instancias de los Mossos d'Esquadra, llegó al extremo de alquilar pisos alrededor del estadio en la zona de Les Corts para situar especialistas en observación y análisis estratégico de incidencias urbanas con la finalidad última de disponer de un mejor control de la situación. Contra esta guerra de guerrillas, a fuerza de jugar al gato y el ratón con una aplicación y la motivación de la prensa, la seguridad fue llevada al extremo, como si afrontara una amenaza terrorista.

Ahora bien, lo que nadie explica es que esta carga extra de recursos diseñada por los Mossos, puesto que el Barça no tiene capacidad de decidir y no le queda otra que seguir las instrucciones de la policía autonómica, lo tiene que pagar el FC Barcelona. Más allá de la broma de Tsunami Democràtic, la factura en seguridad añadida será histórica, probablemente superior al millón de euros. Y la pagará el socio, no el invisible Tsunami.