El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha argumentado que la orden que le remitió la Junta Electoral (JEC) para que retirara lazos amarillos y estelades era ilegal y, además, "imposible" de cumplir. En ese sentido, ha dado a entender, citando el "gran trabajo" de los servicios jurídicos de la Generalitat, que había edificios públicos de la administración catalana con presencia de esta simbología donde él no podía ordenar la retirada.
En cambio, Miquel Esquius, exjefe policial de los Mossos d'Esquadra, lo ha contradicho cuando ha afirmado que no era difícil cumplir con los requerimientos de la Junta Electoral y que los edificios donde había simbología prohibida por la JEC en periodo electoral no presentaban ninguna dificultad especial para proceder a la retirada.
El fiscal Francisco Bañeres ha esgrimido esta respuesta y también el hecho de que los símbolos, posteriormente, fueron retirados rápidamente. Además, ha recordado que Torra no cuestionó en sus recursos el papel de la JEC, de la cual el presidente catalán ha reiterado que no tiene autoridad sobre él.
Este argumento de la defensa también ha sido combatido por la Fiscalía, que ha afirmado que la JEC, en periodo electoral, tiene más autoridad que el presidente del gobierno de España y que el presidente de la Generalitat. Asimismo, ha recordado el caso de la alcaldesa de Berga, la cupaire Montse Venturós, que fue inhabilitada en un caso muy similar al de Torra.
En cuanto a la petición de penas, la Fiscalía ha pedido 20 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox, ha pedido dos años de inhabilitación además de una multa de 72.000 euros.
