La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del gobierno español en Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y por lesiones por imprudencia profesional por haber permitido la manifestación del 8-M.

La decisión llega a raíz de la denuncia de un particular contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y todos los delegados del gobierno a las diferentes comunidades autónomas por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo a pesar de la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, el 2 de marzo.

El juzgado sólo ha incoado diligencias contra el delegado porque es el único sobre el cual tiene competencias e insta al denunciante a que, si lo considera oportuno, traslade la denuncia a los organismos competentes. En el caso de Sánchez, ante la Sala Segunda del Supremo y en cuanto al resto de delegados, a los órganos judiciales de sus comunidades.

También ha acordado ordenar varias diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, a pesar de que advierte que no son "urgentes" y se tendrán que práctica cuando la situación lo permita dependiendo de la evolución del estado de alarma.