Testigos, correos electrónicos y agendas en poder de la Guardia Civil describen el funcionamiento de un grupo de empresas que formaban un "cártel opaco" para obtener adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2015 a cambio de donativos a la Fundación CatDem, de Convergència Democràtica de Catalunya, publica El Periódico. Según la misma información, se trata de un grupo de ocho compañías -más otras bajo el control de estas- que algunos testigos denominan "el club" y otros "la hermandad", y que operaban para conseguir las obras que Infraestructures.cat sacaba a concurso.
La Guardia Civil, relata El Periódico, se basa en el escrito de un exempleado de Infraestructuras para concluir que Josep Antoni Rosell, siendo director de esta empresa pública, recibió de Convergència, y en particular del tesorero del partido, Andreu Viloca, instrucciones para la adjudicación de las obras de la estación de la L9 del metro del Guinardó.
El informe sobre el "club" de empresas, añade esta información, analiza ocho expedientes de Infraestructures.cat y forma parte de la pieza más nueva de la investigación del caso del 3%, que también señala a quien fue presidente de Infraestructuras Joan Lluís Quer. El Periódico especifica que varios testigos han señalado a Quer como hombre de confianza de Artur Mas, entonces líder de Convergència y presidente de la Generalitat.
La Guardia Civil indica que las empresas de este cártel pactaron directrices a seguir para evitar competir entre ellas y lograr contratos más beneficiosos, de forma que causaron un perjuicio económico a las arcas públicas. Según los investigadores, agrega también El Periódico, de este modo concurrieron a obras del Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat, la Agència Catalana de l'Aigua, Aigües Ter-Llobregat, Aigües de Tarragona y Recs de Cataluña.
Asimismo, los investigadores sospechan que Rosell recibió dinero en negro además del que supuestamente se embolsó Convergència. En este sentido, El Periódico también explica que el informe incluye el testimonio de Joan Jaume Olmos, actual presidente de Infraestructuras, según el cual "existen pocas dudas respecto a las aportaciones dinerarias que recibía en persona desde estas empresas, al margen de los donativos de estas a CDC". Por otro lado, el juez quiere localizar a Quer, actualmente en Chile, para interrogarlo.
