El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y su homólogo de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han vuelto a ser citados el próximo lunes, día 16 de octubre, para declarar como investigados por sedición en la Audiencia Nacional. La causa, centrada en el llamamiento de la multitud de personas que impidió a una comitiva judicial abandonar las dependencias del departamento de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre, y la adopción de medidas cautelares contra los investigados habían quedado pendientes, después de las declaraciones de todos ellos el pasado día 6, de la aportación de nueva información por parte de la Guardia Civil.
¿Instigadores?
Varios medios han publicado durante los últimos días contenidos del atestado remitido a la magistrada instructora, Carmen Lamela. La Guardia Civil atribuye a los diputados de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián, al igual que a Sànchez y Cuixart, «el liderazgo de movilizaciones encaminadas a impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales». A Trapero se le señala por «una inacción flagrante» el 1-O que la Guardia Civil considera que corresponde a «un plan premeditado» orquestado, supuestamente, con Sànchez, Cuixart, el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. Además, según reveló El Confidencial, atribuye al director general de los Mossos, Pere Soler, órdenes de proteger la logística del 1-O y ha pedido a la magistrada que bloquee las cuentas bancarias de la ANC y Òmnium.
La querella de Vox
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada contra el presidente Puigdemont por el partido de ultraderecha Vox, que no podrá ejercer la acusación popular hasta que no deposite una fianza. La querella, presentada por seis delitos, se suma a las causas abiertas sobre la organización del 1-O, ya que se considera que son los mismos hechos o que están interconectados, pero el magistrado ponente no se ha pronunciado sobre la presunta comisión de sedición, usurpación de funciones y conspiración para la rebelión, delitos señalados por Vox que no estaba investigando hasta ahora el TSJC.
