Las denuncias por las muertes de ancianos en las residencias catalanas crecen un día tras otro. La Coordinadora de Residencias 5+1 ha presentado ya trenta y se han presentado otras muchas en las diferentes fiscalías de Catalunya. Esta coordinadora presentó, a primeros de mayo, una denuncia que afectaba a once residencias de la provincia de Barcelona, pronto se sumaron más denuncias y en pocos días ya imputaban a treinta centros geriátricos.
La portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, María José Carcelén, ha declarado a EL TRIANGLE que los delitos que cree que se han cometido son los de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y el de denegación de auxilio. Carcelén explica que "han causado mucho sufrimiento. Los familiares no nos los devolverán. No queremos dinero, queremos justicia". Dice también que el recurso a la acción judicial es imprescindible para aclarar porque muchas personas no fueron trasladadas a los hospitales o que, cuando se las llevó a ellos, llegaron "desnutridas, llagadas, mal atendidas". "A los familiares no nos explicaron nada. Tampoco nos dirán nada de las cuestiones que hemos planteado a la Fiscalía, Hay personas que se enteraron de la muerte de sus padres porque les telefonearon desde la funeraria", añade.
La situación de las residencias en la etapa que se ha abierto con la desescalada preocupa también a la Coordinadora de Residencias, que reclama que no se encierre en habitaciones a los usuarios que vuelvan ahora a ellas. "No pueden tener encerradas a las personas en su habitación, sin moverse, sin relacionarse con los otros residentes y sus familiares. Los acabarán de matar de pena", denuncia María José Carcelén, que informa que han pedido explicaciones al presidente de la Generalitat y a los consejeros de Salud y Trabajo, pero que no han recibido ninguna respuesta. "Se están cargando a los abuelos. Son unos inútiles. Si no son capaces, que se vayan", se queja.
Otra preocupación que expone es que ingresen en las residencias personas que ocupen las plazas que han quedado libres por las numerosas muertes que ha causado la Covid-19. Carcelén lo considera un despropósito porque existe el riesgo de que un nuevo rebrote vuelva a coger a las residencias en las mismas condiciones en que estaban cuando se declaró la pandemia; es decir, con habitaciones dobles, que no respetan la dignidad de los usuarios y dónde es imposible respetar las distancias de seguridad para evitar contagios. "Estamos dispuestas a atarnos a la puerta de las residencias para que no entre nadie que no viviera ahí antes de la crisis", anuncia.
En Catalunya hay unas 64.000 internos en residencias geriatricas. Durante los meses de la pandemia, de estas personas han muerto unas 1.650 que habían dado positivo en controles de la Covid-19 y 2.300 que eran sospechosas de estar contagiadas. En total, cerca de 4.000. Los familiares de muchas de ellas piden justicia y explicaciones de lo que ha pasado.
