El titular del juzgado de instrucción n. 1 de la Seu d’Urgell, Ignacio Risueño, ha archivado la querella criminal contra el director de EL TRIANGLE, Jaume Reixach, y otro periodista presentada por el alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, y la concejal de Servicios Sociales, Anna Vives, por los presuntos delitos de injurias y de atentado contra su honorabilidad.
El pasado 26 de enero, Albert Batalla justificó, a través de las redes sociales, la actuación judicial contra estos profesionales de la información y EL TRIANGLE, argumentando que «el tribunal investigará si efectivamente hay delito o delitos en las noticias que este medio ha publicado en los últimos dos meses sobre nosotros, nuestra gestión y sobre instituciones que representamos como el Ayuntamiento de la Seu d’Urgell o el Consorcio de Atención a las Personas del Alt Urgell«. Hablando, además, en nombre de la edil Anna Vives, el alcalde señaló que «las afirmaciones reiteradas en este medio sobre nuestra tarea pública e incluso sobre nuestra vida personal y honorabilidad no sólo eran inadmisibles, sino que podían constituir delito… y no lo permitiremos».
Ahora, el alcalde se ha tenido que comer sus palabras y ha sufrido un revolcón histórico en su intento de tapar la boca a las legítimas y objetivas críticas periodísticas formuladas desde EL TRIANGLE a algunos aspectos de su gestión política al frente del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell. El caso es especialmente emblemático porque Albert Batalla es periodista de formación y con esta querella criminal estaba atacando a dos compañeros de profesión y a un derecho fundamental recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y en el artículo 20 de la Constitución española.
Haciendo un preciso y contundente alegato en favor de la democracia y de la libertad de prensa y de información, el magistrado del juzgado n. 1 de la Seu, Ignacio Risueño, ha emitido un auto donde decreta el sobreseimiento del procedimiento abierto contra EL TRIANGLE y los dos periodistas denunciados al considerar que «no está debidamente justificada la perpetración de un delito» que alegaban los querellantes.
La resolución judicial afirma que, a pesar del carácter público de los dos cargos municipales, y siendo titulares del derecho al honor, en las informaciones publicadas por EL TRIANGLE «no se aprecian expresiones que superen este límite, puesto que su uso se encuentra en relación con la formación de una opinión pública y libre. Sin que sean meras exteriorizaciones de sentimientos personales de desprecio o animosidad, sin que en definitiva, pueda colocar a los querellados fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libre expresión».
También se descarta la existencia de insultos o descalificaciones en las noticias publicadas y, al mismo tiempo, el juez recuerda a Albert Batalla y a Anna Vives que «a pesar de que los críticas recibidas les pueden resultar penosas, en un sistema basado en los valores democráticos, tal como indica el Tribunal Constitucional, la sujeción a esta crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública». Además, se afirma con rotundidad que «sin el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura no existe una sociedad democrática».
En este sentido, la autoridad judicial manifiesta que «la formación de la opinión pública libre adquiere un relieve muy particular haciéndolo especialmente inmune a las restricciones que está claro que en otro contexto tendrían que operar». Finalmente, reitera que las informaciones hacen referencia siempre a las actuaciones políticas de los querellantes y aparecen «publicadas en un medio oficial de comunicación».
