La Abogacía del Estado ha llevado al juzgado seis ayuntamientos gerundenses que apoyaron la resolución del Parlamento que reprobaba al rey Felip VI por haber justificado la violencia del 1 de octubre. El juzgado da ahora 20 días a los entes municipales para que le envíen los acuerdos aprobados el noviembre pasado.
El Estado ha presentado un contencioso administrativo contra los consistorios de Bolvir, Sant Julià de Ramis, Riudellots de la Selva, Torroella de Montgrí, Maià de Montcal y Pont de Molins por las mociones con que condenaban la intervención de Felip VI en el conflicto político y la justificación que hizo de la violencia policial durante la jornada del referéndum en su discurso del 3 de octubre. El escrito, que firmaron para apoyar a la mayoría de la cámara, también apostaba por la abolición de la monarquía.
Ahora el juzgado ha admitido esta denuncia y reclama a los ayuntamientos que le envíen la moción aprobada.
Marc Puigtió, el alcalde de Sant Julià de Ramis, ha avanzado a Catalunya Ràdio que les enviarán el acuerdo solicitado y ha añadido que si lo acaban anulando -como creen que puede pasar-, lo volverán a aprobar.
Puigtió es partidario que los 6 alcaldes den, más adelante, una respuesta conjunta en el Estado.
