La depuración de responsabilidades públicas y privadas en el asunto del almacén Castor ha motivado la presentación de una nueva querella por parte de varias plataformas, entre ellas Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. La particularidad de esta acción en los juzgados es que apunta directamente contra responsables gubernamentales y empresariales relacionados con aquel proyecto.
La querella se dirige contra los empresarios Recaredo del Potro (de Escal UGS, la concesionaria del Castor) y Florentino Pérez (de ACS, que participaba en Escal UGS), por un lado, y contra cuatro ex-ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez y Elena Esponosa, y uno más que formó parte del gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria. Entre los acusados también figuran el ex-secretari general de Energía Ignasi Nieto y el ex-vicepresidente y ex-consejero valenciano Juan Cotino.
Se les atribuye la comisión de delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de fondos públicos. Los querellantes sostienen, basándose en «anomalías» que creen que hay que investigar, que algunos de los presuntos implicados pueden haberse enriquecido ilícitamente. El objetivo de la iniciativa, según ha explicado la portavoz de Xnet Simona Levi, es evitar a la ciudadanía el pago de la deuda derivada del Castor y «denunciar la impunidad y la connivencia entre los poderes públicos y económicos».
