La vida da muchas sorpresas y cuando uno menos se lo espera, salta la liebre. El golpe de martillo contra la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española Banco de Madrid, perpetrado el 10 de marzo de 2015, tiene ahora una vía judicial en marcha que puede ayudar a aclarar, definitivamente, la trama secreta que urdió la confiscación y destrucción, con finalidades políticas, de estas dos entidades financieras.

La grieta se ha abierto a raíz de las investigaciones judiciales que dirige la Audiencia Nacional española sobre el espionaje y el acoso del que fue víctima Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte de la cúpula del Ministerio de Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz (Operación Kitchen). En este sumario está imputada la plana mayor de la llamada policía patriótica –un grupo mafioso formato por mandos policiales- que se encargaba de ejecutar los planes de la guerra sucia orquestada por el ministro del Interior, con abundante financiación a cargo de los fondos reservados.

Paco Bomba dispara hacia arriba
La Operación Kitchen es una derivada de la macrocausa que se sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo e investiga el operativo puesto en marcha por la cúpula del ministerio de Interior para arrebatar, extrajudicialmente, la documentación sobre la financiación ilegal del PP que guardaba Luis Bárcenas y que afectaba, entre otros, a la entonces secretaria general del partido, Dolores de Cospedal.

En este sumario, el magistrado Manuel García Castellón ha imputado a Francisco Martínez (foto), el exsecretario de Estado de Seguridad y número 2 del ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz. Pero Francisco Martínez (a quien denominan Paco Bomba, por las informaciones altamente sensibles que atesora) ya ha manifestado que no piensa comerse el marrón a solas y ha denunciado que Jorge Fernández Díaz, Dolores de Cospedal y el propio Mariano Rajoy estaban perfectamente enterados de la Operación Kitchen contra Luis Bárcenas, y que habían dado su autorización.

Jorge Fernández Díaz, a los pies de los caballos
Para demostrarlo, ha aportado al magistrado Manuel García Castellón una serie de mensajes SMS y de Whatsapp. A partir de estas evidencias, la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir la imputación de Jorge Fernández Díaz, de Dolores de Cospedal y del marido de esta, Ignacio López del Hierro.

Los mismos protagonistas que intervinieron en la Operación Kitchen participaron en la llamada Operación Cataluña, una parte de la cual consistió en reventar la BPA para conseguir las pruebas documentales del tesoro escondido de la familia Pujol en Andorra y, tal vez, los de otros dirigentes independentistas, como Artur Mas y Oriol Junqueras, de los que no se encontró nada. De aquí que la disposición de Paco Bomba de cantarlo todo pueda aportar las piezas del puzzle que todavía quedan por encajar para poder reconstruir toda la verdad que se esconde detrás la confiscación de los dos bancos de la familia Cierco.

El heredero caído en desgracia
La Operación Cataluña arrancó la primavera del año 2012, a raíz de la implicación de Oriol Pujol en el caso de corrupción de las ITV. En aquella época, Artur Mas (CiU) gobernaba en Cataluña con el apoyo del PP, pero la imputación del hijo de Jordi Pujol –hecho que significaba abortar su planificada sucesión a la presidencia de la Generalitat- provocó la ruptura de este pacto y, como respuesta, el inicio de la deriva independentista de Convergència.

Jorge Fernández Díaz conocía muy bien a Jordi Pujol, no en vano había colaborado activamente con CDC y le había apoyado en su época como dirigente de la UCD y del CDS en Cataluña. El ministro sabía que Jordi Pujol era quien mandaba, de verdad, en el mundo nacionalista –aunque en 2012 ya estuviera oficialmente retirado- y creía que, si se lo eliminaba políticamente, el movimiento independentista quedaría descabezado y desmovilizado.

Las confidencias de Victoria Álvarez
Para detener este desafío político, el ministro Jorge Fernández Díaz activó su policía patriótica, con el objetivo de destruir la reputación de Pujol y, específicamente, del expresidente de la Generalitat. El hilo conductor fueron las confidencias que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, había realizado a su amigo de la infancia Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, sobre los negocios que hacía el hijo primogénito de Jordi Pujol y de sus asiduas visitas a Andorra, donde volvía cargado de billetes.

A través de Jorge Moragas, Victoria Álvarez mantuvo una comida con Alicia Sánchez-Camacho, entonces máxima dirigente del PP en Cataluña, en el restaurante La Camarga. Por indicaciones de la propia Alicia Sánchez-Camacho, esta comida fue grabado por la agencia de detectives Método 3.

La amistad de Fernández Díaz con Manuel Cerqueda
La policía patriótica obtuvo una copia de esta grabación en otoño de 2012 y el comisario José Manuel Villarejo, que se hacía pasar por un periodista del diario El Mundo, convenció Victoria Álvarez para que confirmara las informaciones que tenía sobre Jordi Pujol Ferrusola ante la Audiencia Nacional. Este fue el inicio oficial del caso Pujol, el 13 de enero de 2013, que ha acabado con la imputación del expresidente y de toda su familia.

Pero una cosa eran las declaraciones de Victoria Álvarez y la otra era tener las pruebas de la existencia del tesoro andorrano de los Pujol. De entrada, había que saber en cual de los cinco bancos que hay en el Principado guardaban el dinero. En este sentido, es muy posible que la estrechada relación de amistad que tienen Jorge Fernández Díaz y Manuel Cerqueda (presidente de Andbank) fuera la clave para focalizar la operación de la policía patriótica en la BPA.

La confesión de Jordi Pujol
No en vano, Manuel Cerqueda conocía perfectamente que Pujol habían cerrado sus cuentas en Andbank a finales de 2010 y que, desde aquí, habían transferido sus depósitos a la BPA. El famoso pantallazo –el documento publicado por el diario El Mundo el 7 de julio de 2014- recoge estos movimientos de salida de saldos de los Pujol en la Andbank hacia la BPA. La publicación del pantallazo forzó la confesión de Jordi Pujol, del 25 de julio, donde reconocía la existencia de dinero no declarado en el extranjero, procedente de una supuesto legado (deixa) de su padre Florenci.

Pero, para sacar adelante el procedimiento judicial contra Pujol –y, en especial, contra el expresidente de la Generalitat- faltaban más pruebas. Entre otras cosas porque en el pantallazo sólo salían algunos miembros del clan y no había ninguna referencia, por ejemplo, ni de Jordi Pujol Ferrusola ni de su padre. En aquella época, el secreto bancario todavía era vigente en Andorra y eso hacía muy complicado acceder, por los canales oficiales, a todas las cuentas de la familia.

Asedio a los directivos de la BPA
Es en este punto que la policía patriótica –formada, principalmente, por los comisarios Eugenio Pino (DAO), Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo- empieza una operación de pressing, cada vez más insostenible, sobre Joan Pau Miquel, consejero delegado de la BPA, e Higini Cierco, miembro de la familia que era accionista mayoritaria del banco. El objetivo es diáfano: si la BPA no cooperaba y se negaba a dar las cuentas de la familia Pujol, el banco y su filial Banco de Madrid serían destruidos.

En estas amenazas –alguna de ellas fue grabada- se explicita que serán los Estados Unidos quienes den el "golpe de martillo" definitivo. No queda claro si Joan Pau Miquel o Higini Cierco facilitaron la documentación que les exigía la policía patriótica de Jorge Fernández Díaz sobre los Pujol. Las versiones son contradictorias y ellos niegan haberlo hecho personalmente. En todo caso, es evidente que estas informaciones no serían satisfactorias, ni cubrían las expectativas de los responsables del ministerio del Interior, ni, en definitiva, servían por empurar el expresidente Jordi Pujol, verdadero objetivo de esta cacería.

Juan José Grinda, el hombre clave
Fue en esta tesitura, en otoño de 2014, que se puso en marcha la operación final para reventar" la BPA y obtener, de este modo, toda la información bancaria de los Pujol. Pero, para eso, Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy necesitaban dos colaboradores externos imprescindibles: el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo dependiente del departamento del Tesoro de los Estados Unidos especializado en la lucha contra la delincuencia financiera, y el Gobierno y la Batllia de Andorra. Y, de manera muy especial, de dos funcionarios andorranos: el director de la UIFAnd, Carles Fiñana, y el fiscal Alfons Alberca.

En esta fase final juega un papel esencial el fiscal anticorrupción Juan José Grinda, enlace habitual de la embajada de los Estados Unidos y del FBI y la CIA en Madrid. Juan José Grinda había intervenido en los sumarios de los casos Emperador (Gao Ping) y Clotilde (Andrei Petrov) y conocía las ramificaciones que tenían en Andorra. Él, con la colaboración del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), Carles Fiñana y Alfons Alberca, recopiló la documentación que sirvió de base argumental para emitir la notice del FinCEN del 10 de marzo de 2015 que desencadenó la confiscación y liquidación de la BPA y Banco de Madrid.

Las reuniones de Mariano Rajoy con Toni Martí
Obviamente, y por la parte que le tocaba, el entonces jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, estaba enterado de este operativo. En este sentido hay que interpretar las dos reuniones que mantuvo con Mariano Rajoy durante este clímax que estalló con la notice del FinCEN: el 3 de septiembre de 2014 en Madrid y el 7 de enero de 2015 en Andorra, semanas antes del "golpe de martillo" contra la BPA.

La investigación judicial de la Operación Kitchen y, sobre todo, la decisión de Francisco Martínez (Paco Bomba) de tirar de la manta es una oportunidad de oro para iluminar todas las sombras de la confiscación y destrucción de la BPA y del Banco de Madrid. El secretario de Estado de Seguridad, que era la mano derecha y hombre de máxima confianza de Jorge Fernández Díaz, estaba perfectamente al corriente de las maniobras legales e ilegales que se realizaron para averiguar las cuentas de la familia Pujol en Andorra.

El documental The Andorra Hustle
"Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal". Eso dice un mensaje enviado por Francisco Martínez al presidente de la Audiencia Nacional, que consta reproducido en el informe de 56 páginas que ha elaborado la Fiscalía Anticorrupción sobre la Operación Kitchen, donde pide la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz.

El documental The Andorra Hustle (La estafa de Andorra) del realizador Eric Merola, que tanto ruido ha hecho en el Principado, ya pone al descubierto una buena parte de la conspiración contra la BPA y el precio carísimo que pagan sus antiguos directivos y trabajadores. Si el magistrado Manuel García Castellón confirma el procesamiento de Jorge Fernández Díaz, esto querrá decir que –aunque queda mucho camino por recorrer- ya se ha dado la vuelta a la tortilla.