El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, desacreditó en sede judicial las facturas recibidas por Presidencia de parte de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, una votación que aseguró que no afectó al presupuesto y sobre la cual no quedó ninguna factura pendiente. Dijo que esas facturas no se tenían que pagar.

De hecho, la orden del exconsejero de la Presidencia, Jordi Turull, y del presidente, Carles Puigdemont, era que la campaña fuera gratuita y no se facturara, de forma que no tendría que haber quedado rastro. A pesar de ello, según publica El Periódico, la presidenta interina de la CCMA, Núria Llorach, aportó a la Guardia Civil dos facturas por la campaña del 1-O emitida a TV3 y Catalunya Ràdio, que totalizan un importe de más de 336.000 euros.

La misma información indica que las facturas incluyen la cabecera de la CCMA, que depende de Presidencia, detallan el importe asignado a cada medio. Estos documentos comprometen la defensa del exconsejero Turull respecto a la imputación del delito de malversación.

La responsabilidad de la emisión de la publicidad es, a la vez, uno de los puntos candentes para los responsables de los medios públicos durante la fase caliente del proceso. Recientemente, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, cercano a ERC, atribuyó presiones a Llorach, cercana al PDECat, para la emisión en la radio pública del anuncio del 1-O.

Además, Martí Patxot, responsable de marketing de la CCMA, aportó tres correos electrónicos en los que el director de TV3, Vicent Sanchis, da luz verde a la emisión de publicidad del 1-O en la televisión pública, según publicó El Confidencial. Sanchis, Llorach, Gordillo y Patxot están entre las 30 personas procesadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por la organización del 1-O.