La UDEF implica a Artur Mas en la financiación irregular de CDC

La Policía Judicial considera que Mas mantuvo el sistema instaurado por Jordi Pujol
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha implicado a Artur Mas en la financiación irregular de las campañas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), según avanza El Mundo.

En un informe que ha presentado ante la Audiencia Nacional, la UDEF afirma que «se tienen que atribuir nuevas responsabilidades» al expresidente de la Generalitat por haber mantenido el sistema instaurado por Jordi Pujol para financiar a los proveedores de las campañas electorales de la formación nacionalista.

La policía también considera responsable de esta operativa al ex tesorero Daniel Osàcar, condenado ya por el caso Palau de financiación ilegal de CDC.

El juez de la Audiencia Nacional, José de Mata, considera ya acreditado que el hijo del expresidente Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, intervino para avalar a empresas que hacían actos electorales de CDC durante la campaña para los comicios generales del año 2000.

El júnior utilizó para ello la fortuna familiar oculta en Andorra, consiguiendo que se otorgara una línea de crédito de 336 millones de pesetas a través de entidades financieras del País de los Pirineos.

La UDEF ha descubierto un nuevo aval bancario posterior, esta vez conferido por el Banco Sabadell de Andorra a las mismas empresas proveedoras, pero hecho en época de Mas como presidente.

La Policía dice que los avaladores vuelven a situarse alrededor de la familia Pujol, entre los cuales se encuentra el empresario Francesc Robert, ex socio de Pujol Ferrusola y ex director de la televisión andorrana.

De los informes que han llegado al juez De la Mata se desprende que una de las empresas de publicidad que trabajaron para CDC, Altraforma, se benefició de «una póliza de préstamo» subscrita ante notario el 19 de marzo de 2004 por un importe de 400.000 euros.

En este contexto, el juez José de Mata acaba de dictar un auto mediante el cual conecta el cobro de una comisión del 5% por parte de Jordi Pujol Ferrusola de manos de la constructora EMTE con dos contratos adjudicados cinco y seis años después, respectivamente, por el Gobierno catalán bajo la presidencia de Mas.

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