La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez instructor de la causa sobre el proceso, Pablo Llarena, que remita órdenes europeas e internacionales de detención contra los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, que se marcharon al extranjero hace dos años para evitar la acción de la justicia española.
La medida no afecta a la también exconsejera y actual representante de la Generalitat en Bruselas, Meritxell Serret, porque le atribuye sólo un delito de desobediencia, ni, por ahora, a la exdiputada y portavoz de JxSí Marta Rovira, cuyo caso quiere seguir estudiando.
En los casos de Ponsatí y Comín, además del delito de desobediencia la Fiscalía les atribuye la presunta comisión de malversación y de sedición, por los que se ha condenado a penas de entre 9 y 13 años a varios dirigentes del proceso, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras. A Puig le atribuye desobediencia y malversación, pero no sedición.
