La fiscalía ha recorrido la aplicación del artículo 100.2 a Dolors Bassa porque cree que el cuidado de su madre no tiene ninguna relación con los delitos cometidos y, por ello, "no se puede considerar parte del tratamiento penitenciario". En su recurso, el ministerio público argumenta que los informes de la Junta de Tratamiento de Puig de las Basses tendrían que concretar qué déficits presenta Bassa en materia familiar. A su parecer, todo ello forma parte de un plan para otorgar un régimen de semillibertat a todos los presos independentistas, con la aplicación de un "segundo grado y medio".
"Ninguna relación guarda el área familiar con la tipología delictiva por la cual la interna cumple condena", apunta la fiscalía, que remarca que Bassa no cometió los delitos "debido a unas relaciones familiares desestructuradas", sino en su calidad de consejera del Gobierno de la Generalitat.
En la línea de lo que apuntó en los recursos previos que ha presentado contra el 100.2 de otros presos independentistas, la fiscalía también insiste que no hay "ningún reconocimiento ni asunción de la responsabilidad" por parte de la ex consejera de los hechos por los cuales fue condenada, y subraya que así lo expresó ella misma durante la última palabra del juicio al Tribunal Supremo.
Cómo ya ha hecho en otros recursos, ha criticado también que la consejera de Justicia, Ester Capella, dijera que todos los presos independentistas podrían salir en aplicación de este artículo.
