La Fiscalía ha confirmado este miércoles que mantiene la acusación por rebelión en ejuicio del proceso y, por eso, la petición de penas de hasta 25 años (con la petición máxima para Oriol Junqueras). De este modo, tal como han explicado en la sala segunda del Supremo y se puede ver en el escrito de acusación definitivo, la acusación pública no se mueve de su planteamiento inicial y considera que el papel de los acusados que están en la prisión encaja en este tipo penal.
De hecho, el ministerio público considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia que los líderes independentistas permitieron e instrumentalizar para presionar y conseguir la independencia de Cataluña.
En la misma línea, la Abogacía del Estado también ha elevado su conclusión a definitiva. Acusa por sedición y pide penas de hasta 12 años de prisión, pero continúa descartando la rebelión.
Por otro lado, la acusación popular de Vox mantiene también las mismas peticiones iniciales (de hasta 74 años) pero hace una excepción con el ex consejero Santi Vila, que dimitió el día antes de la declaración de independencia. Los abogados del partido ultra le retiran la acusación por organización criminal y malversación, y sólo piden desobediencia, que no comporta prisión.
Así, cuatro meses de juicio y todo continúa igual. Lo que sí que hace el ministerio público es "completar y enriquecer" su relato de la "situación insurreccional" que entiende se vivió en Cataluña en otoño de 2017 con algunos testigos prestados en el juicio, como lo del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero o el comisario Ferran López, a quien otorga total credibilidad cuando dijo que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont llegó a anunciar la independencia si el 1-O había violencia.
