La eventual suspensión del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que acordaba retirar la condición de diputado al presidente catalán, Quim Torra, no encontrará la oposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Fiscalía, por lo tanto, no se opone a la suspensión de la inhabilitación de Torra mientras el Supremo decide si ratifica en sentencia firme la condena por desobediencia. Antes, el tribunal tiene que decidir si frena la inhabilitación acordada por la JEC contra Torra, a quien avalan, por otro lado, los letrados del Parlamento de Cataluña.

En un escrito remitido este viernes al Tribunal Supremo, el fiscal Pedro Crespo argumenta que existe de un debate jurídico sobre si la JEC puede inhabilitar a Torra que considera bastante complejo y no se alinea, de entrada, contra el recurso del presidente.

Ese informe, que pondera intereses como el derecho de representación política, aduce que el Tribunal Constitucional indicó que las incompatibilidades parlamentarias como la que sostiene la JEC son competencia de las Comunidades Autónomas.