La detención de una responsable de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco, por un presunto delito de terrorismo y rebelión ha dividido los jueces de la Audiencia Nacional encargados en exclusiva de este tipo de delincuencia.
Una mayoría amplia de los seis jueces centrales de instrucción considera que las acciones de sabotaje realizadas por estos comités no son competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados ordinarios dónde han pasado los hechos, al tratarse de desórdenes públicos, o bien pueden ser perseguidos en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según ha informado la SER, los jueces han mostrado su discrepancia y sorpresa, algunos incluso estaban escandalizados, porque estos hechos hayan sido judicialitzats bajo la premisa de delitos de terrorismo.
Incluso varios jueces se sienten «dolidos» por qué se está vulnerando el espíritu del legislador que intensificó la persecución contra la Kale borroka, en el País Vasco, porque eran una rama de ETA.
Esta opinión es también compartida por varios magistrados de las Salas de lo Penal que juzgan este tipo de delitos porque no «aparece ningún componente detrás estas acciones que sean dirigidas por una organización armada», matizan.
No le han aplicado la ley antiterrorista
La vecina de Viladecans detenida por, supuestamente, coordinar los CDR declarará mañana jueves ante el juez. Por lo tanto, tendrá que pasar otra noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde la trasladaron el martes. La Fiscalía la acusa de rebelión y terrorismo, pero finalmente no le han aplicado la ley antiterrorista.
