Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, diputados de ERC y altos cargos del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda del gobierno catalán que presidió Carles Puigdemont, han conseguido y depositado los 1,6 millones de euros que les faltaban para totalizar los 4,5 millones que les exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para hacer frente a una eventual condena por la organización del referéndum ilegal del 1-O.
De este modo, los dos hombres de confianza de la exvicepresidente Oriol Junqueras evitan el embargo de sus bienes después de que se hubiera reactivado el plazo de 15 días establecido por la magistrada Maria Eugènia Alegret, que había quedado congelado desde el mes de marzo por la emergencia sanitaria por la Covid-19.
La recaudación de los fondos se ha realizado gracias a la caja de solidaridad y la entidad Amnistia y Justicia, mediante pequeños préstamos que denomina "bonos solidarios".
Jové, que es unos de los representantes de ERC en la mesa de negociación con el gobierno de España, tenía que depositar casi 2,9 millones por los gastos efectuados o comprometidas para la votación del 1-O y la implementación de estructuras de Estado. A Salvadó le correspondía entregar 1,6 millones por los mismos conceptos y, en particular, por el despliegue de una agencia tributaria catalana.
Procesados por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos, ambos se acogieron a su derecho a no declarar cuando comparecieron en sede judicial el pasado 11 de marzo y se encuentran a un paso de ir a juicio.
