El magistrado Carlos Ramos ha rechazado la imposición de las medidas que la Fiscalía había solicitado para Germà Gordó, ex-consejero de Justicia y ex-diputado de Junts pel Sí -ahora no adscrito-, que ha declarado este jueves como investigado por el caso del 3%.
El auto conocido este viernes expresa que no procede ni la aprehensión ni el acceso al contenido de los teléfonos móviles que tiene el diputado, como tampoco la imposición de la prohibición de salir del territorio español.
El magistrado argumenta que no hay que analizar el contenido del móvil que Gordó tiene como diputado porque la policía judicial comprobó que no contendía nuevos datos de interés, y en cuanto al terminal que emplea como abogado, indica que no hay indicios de que pueda contener información de interés.
La prohibición cautelar de abandonar el territorio español se ha desestimado porque se considera que no tiene apoyo indiciario el argumento presentado por el fiscal, según el cual Gordó podría poseer fondo en el extranjero.
En su declaración de este jueves, el ex-consejero de Justicia y ex-gerente de Convergència, investigado como un hombre clave en la trama de pago de comisiones al partido a cambio de adjudicaciones, ha reconocido que se reunía con los empresarios investigados porque era su obligación por el cargo en el partido. También ha negado que el ex-presidente Artur Mas tuviera relación con la gestión económica de CDC.
