La expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha afirmado al Supremo que se limitó a ejercer sus funciones al frente de la cámara, permitiendo el debate de las leyes vinculadas al referéndum del 1 de octubre.
Forcadell, que afronta una petición de la Fiscalía de 17 años de prisión por rebelión, y que está en prisión preventiva desde el 23 de marzo del 2018, ha manifestado que tenía obligaciones como presidenta: "Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlamento. Y, además, creo que no hay que ser jurista para ser presidenta del Parlamento".
También ha alegado que la función de la mesa del Parlamento no es entrar en el fondo de los temas que se quieren plantear en la cámara.
Preguntada por las llamadas leyes de desconexión, Forcadell ha incidido en el argumento que tampoco corresponde a la mesa decidir sobre la constitucionalidad de las tramitaciones y ha apelado a la inviolabilidad parlamentaria.
Forcadell justifica su actuación a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). "El Constitucional nos pedía una cosa imposible, que se convirtiera la mesa del Parlamento en un órgano censor", ha afirmado.
Por otro lado, la expresidenta Forcadell es la primera de los presos del proceso que lleva su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sus abogados ya han presentado la demanda a Estrasburgo; una demanda que se centra en la desproporcionalidad que considera que tiene la prisión preventiva.
Forcadell llega a Europa después de agotar toda la vía de recursos judiciales ante el Supremo. No, en cambio, la del TC; pero el hecho de que todavía no se haya resuelto su recurso de amparo es lo que lleva a la defensa a denunciar la vulneración de derechos humanos ante Estrasburgo.
