La Fiscalía Provincial de Barcelona se opone al permiso concedido a Jordi Cuixart por utilizar el artículo 100.2 para salir de la prisión unas horas al día para trabajar en la empresa Aranow, de la cual es propietario, y hacer voluntariado. En el escrito el ministerio argumenta que el uso de este precepto tiene que ser "excepcional". En el caso de Cuixart, alega la fiscalía, el área laboral "no es un déficit" que el líder social tenga que trabajar y el programa de tratamiento tendría que tener por objeto "enseñar al mismo a respetar la ley".
El fiscal critica la decisión de la junta de tratamiento de Lledonders, de quienes dice que hace una valoración equivocada. Además, plantea que tendría que ser el Tribunal Supremo y no la Audiencia de Barcelona quién tendría que tener la última palabra.
Otros argumentos de la Fiscalía para oponerse a las salidas de Cuixart de la prisión son el alta pena impuesta, 9 de prisión por un delito de sedición, y la falta de un programa de tratamiento específico que -según detalla el fiscal- tendría que estar "relacionado con el respecto a la ley".
Cómo ya hizo en el caso del permiso de 72 horas que la junta de tratamiento de Lledoners concedió a Cuixart, la Fiscalía insiste que el presidente de Òmnium "no asume el carácter delictivo de los hechos que fueron objeto de condena".
La juez, pero, tumbó este recurso argumentando que el tiempo en la prisión no tiene por objetivo cambiar la ideología de nadie.
