El Juzgado Penal número 2 de Tarragona alberga desde este jueves el primer juicio sobre los asuntos de presunta corrupción en Torredembarra. Se trata de la derivada sobre la adjudicación supuestamente irregular de chiringuitos de playa a Gerard Montserrat, exlíder local de Convergència. Los encausados son el exalcalde de la localidad Daniel Masagué, la exconcejal de Playas Pere Font y Gerard Montserrat, que declaran este viernes.

Masagué afronta una posible condena de 3 años de cárcel y 19 de inhabilitación en este juicio correspondiente a la cuarta pieza cuarta separada sobre los asuntos de presunta corrupción de Torredembarra, origen de las investigaciones del caso del 3% sobre la financiación irregular de Convergència .

La vista oral se ha iniciado cinco años después de que la Guardia Civil entrara en el Ayuntamiento de Torredembarra y registrara el despacho que entonces ocupaba Masagué. La Fiscalía acusa al regidor Font de adjudicar arbitrariamente los contratos de arrendamiento y suministro de los chiringuitos de los años 2012 y 2013 a Montserrat después de que desistieran tres empresas invitadas pero sin solvencia técnica, relacionadas con el propio Montserrat.

Según publica el Diari de Tarragona, el secretario municipal, Rafael Orihuel, ha asegurado en la primera sesión del juicio que Font mantenía una relación de "obediencia total" con el alcalde Masagué, quien mantiene que su equipo de gobierno actuó legalmente y que sufre una persecución, pero la Fiscalía le atribuye la comisión de un delito continuado de prevaricación y pide para él 3 años de cárcel y 19 años de inhabilitación. Font, acusado del mismo delito continuado, afronta 2 años de prisión y 18 de inhabilitación; y Montserrat, también 2 años de prisión como presunto cooperador necesario, además de una posible inhabilitación de 18 años para cargo público y de 5 años para recibir subvenciones o ayudas públicas.

La macrocausa sobre la corrupción en Torredembarra tiene su origen en la denuncia de Montse Gassull, regidora de ERC ya fallecida que dejó su partido reprochando a la cúpula una falta de apoyo a su denuncia. El Ayuntamiento de Torredembarra, ahora gobernado por ERC, ejerce la acusación particular.