El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, ha sido citado nuevamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para declarar como investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con el 1-O.

La citación se produce a raíz de un recurso de la Fiscalía Superior de Cataluña para que declare sobre la cesión de locales, una de las actuaciones que facilitaron el 1-O, desde su doble condición de entonces: alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

Buch vuelve a estar en el punto de mira de la justicia después de que fuera archivada una querella presentada en 2017 contra él y Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), relativa al papel de ambos en la organización de aquella votación.

La Fiscalía señala nuevamente a Buch porque, supuestamente, firmó el decreto del 7 de septiembre del 2017 de apoyo al 1-O, considera que ofreció locales para que albergaran centros de votación y, esgrimiendo correos de Buch y Lloveras, señala que el actual titular de Interior pidió confirmación a otros alcaldes sobre los locales y los informó de carteles sobre la campaña favorable al referéndum.