El gobierno de Artur Mas concedió una licencia ambiental para la gestión de un vertedero en Llagostera (Gironès), parcialmente ubicado en zona de interés natural y área especial de protección de las aves, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado la semana pasada, revela Eldiario.es.

Además, según publica este mismo diario citando documentación relativa al origen del vertedero, es un proyecto gestionado sin concurso desde 1993 que genera aguas residuales que han superado durante años los límites de contaminación permitidos. Se trata de una causa que la Guardia Civil está investigando, en cuyo marco la Fiscalía ha denunciado a los responsables del vertedero y a los responsables públicos que autorizaron la ampliación y la explotación, publica también Eldiario.es.

La sentencia del TSJC, que establece un plazo de un mes para que se clausure el vertedero, considera que la instalación de un depósito de residuos y de una planta de prensado sin autorización medioambiental ni urbanística, entre los años 2009 y 2010, es un "hecho sorprendente por su temeridad y desconsideración de la legalidad".

Asimismo, culpa al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de la regularización posterior del vertedero. En concreto, por haber omitido el estudio sobre el impacto ambiental y haberse basado en un informe caducado.

Santi Vila era el consejero de Territorio y Sostenibilidad en 2014, cuando se aprobó la ampliación. El gestor del vertedero es Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito del expresidente Jordi Pujol.

Buesa, investigado en el caso Pujol, es el responsable de otro vertedero que la justicia declaró ilegal en 2014 y ordenó clausurar, el de Vacamorta (en Cruïlles, el Baix Empordà). La operación de venta a FCC por 13,2 millones de euros de este vertedero se encuentra bajo la lupa del caso Pujol. Tanto Buesa como su socio Josep Mayola negaron que el tercer inversor que se lucró con la venta fuera Jordi Pujol Ferrusola.