El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 4,14 millones de euros el importe presuntamente malversado con la organización del referéndum ilegal del 1-O. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha culminado su investigación sobre la desviación de fondos y reclama al expresidente catalán Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a 18 miembros del gobierno que ambos encabezaban una fianza por este importe, que deberán pagar solidariamente.

El monto, reflejado en el acta de liquidación provisional, puede ser modificado tras las alegaciones que pueden presentar las defensas. Si los cargos del gobierno Puigdemont a los que se atribuye la malversación no depositan la fianza en un plazo de quince días, sus bienes serán embargados. Esta actuación administrativa no se verá afectada por la inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como eurodiputados.

Según publica El Mundo citando fuentes jurídicas, el Tribunal de Cuentas añadirá a los 4,14 millones gastos de las delegaciones de la Generalitat en el exterior que podrían incrementar el importe reclamado hasta los 20 millones.