El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad denegar la suspensión de la condena de Carme Forcadell por el juicio al proceso de 11 años y seis meses de prisión al considerar que se trata de una condena grave por unos hechos muy graves.
La interlocutoria se basa en la doctrina del Constitucional y sostiene que "la evaluación de la gravedad de la perturbación que para el interés general tiene la suspensión de la ejecución de una pena constituye un juicio complejo dependiendo de varios factores, entre los cuales hay la gravedad y naturaleza de los hechos juzgados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la justicia y la posible desprotección de las víctimas".
El plenario considera así que suspender el cumplimiento de la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de sedición supone "una perturbación grave de un interés protegido constitucionalmente, como es de la garantía de la efectividad de la actuación de los poderes públicos, en este caso del poder judicial".
