El pleno del Tribunal Constitucional ha atendido la petición que le formuló el gobierno español el pasado 31 de octubre y ha acordado, por unanimidad, trasladar a la Fiscalía que valore si el presidente del Parlamento, Roger Torrent, cometió un delito de desobediencia cuando la Mesa admitió el debate de una propuesta de resolución que reivindicaba la autodeterminación y la reprobación de la Monarquía.

La Abogacía del Estado solicitó entonces al Tribunal Constitucional que acordara deducir testigo de particulares para exigir "la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento de las resoluciones" con las que el Constitucional había declarado inconstitucional aquella reivindicación.

El gobierno español dirigió su petición contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán que el 22 de octubre admitió a trámite una propuesta de resolución sobre la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo contra los dirigentes del procés, porque expresaba, concretamente, que el Parlamento catalán "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas" la defensa del derecho de autodeterminación y la reprobación de la Monarquía.

La abogacía del Estado, en la comunicación que dirigió al TC, indicaba que Torrent tendría que haber inadmitido a trámite la propuesta, y recordaba las advertencias en ese sentido letrados del Parlamento, así como las providencias del TC dirigidas a la Mesa -e ignoradas por Torrent- para impedir iniciativas que ignoraran o eludieran sentencias del mismo TC.