El Tribunal Supremo describe la masiva concentración independentista del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la consejería de Economía como algo más que una movilización de protesta contra los registros. Los magistrados sostienen que aquel día se desbordaron los "límites constitucionales" del derecho de manifestación y la libertad de expresión, y que el líder de la ANC de entonces, Jordi Sànchez, "disponía sobre lo que procedía o no hacer".
En los hechos probados de la sentencia, conocida este lunes, los magistrados afirman que Sànchez "se erigió en el interlocutor de la movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el tumulto. Igualmente se negó a que los
agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse cargo de los vehículos policiales, si
no se acercaban a pie, sin garantía alguna de indemnidad, hasta el lugar donde
estaban estacionados atravesando la masa de personas que los rodeaban".
Además, la sala segunda del Supremo indica que Sànchez tutelaba la concentración gracias a "la aquiescencia" del consejero de Interior, Joaquim Forn, de quien dice que confirió "el rango de interlocutor" al dirigente de la ANC.
"Su actitud en el desarrollo de los acontecimientos, coherente con su estrategia sediciosa, no era otra que la de dificultar y bloquear la actuación judicial. Sin duda, apostaba por dificultarla, ponerle trabas, hostigar y, por supuesto, desprestigiar ante la ciudadanía, tanto el ejercicio de la función jurisdiccional por magistrados del poder judicial español como la labor de los agentes de la Guardia Civil ", concluyen los magistrados del Supremo.
Sobre la motivación de Sànchez, especifican que "era demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y
magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña, habían perdido la
capacidad para ejecutar sus resoluciones".
De Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, la sala segunda manifiesta que no duda de su pacifismo, pero destaca que apeló al "no pasarán" y "retó al Estado" a acudir para incautar material del referéndum. Cuixart y Sànchez han sido condenados a 9 años de cárcel como culpables de un delito de sedición.
