Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación sobre el presunto desvío de fondos a la estructura montada por Carles Puigdemont en Waterloo, en cuyo marco fueron detenidos esta semana David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Josep Lluís Alay, revelan que el gobierno de la Generalitat que presidía Quim Torra delegó en Xavier Vendrell extraoficialmente la gestión de la crisis de las residencias de ancianos durante la primera oleada de la pandemia de la Covid-19, esta primavera, revela El Confidencial.
Según publica este diario citando el contenido de las conversaciones, incluidas en el sumario judicial, el gobierno catalán creó un comité de crisis y situó al frente al empresario Xavier Vendrell, exconsejero y exdirigente de ERC, cuya presencia se mantuvo el secreto porque no tenía ningún cargo en la Generalitat, si bien la investigación refleja que tenía línea directa con el vicepresidente y ahora presidente interino de la Generalitat, Pere Aragonès, así como con la dirigente de ERC Marta Rovira, y que era el cerebro de la iniciativa de movilización independentista Tsunami Democràtico.
Paralelamente, la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) recurrió a Vendrell para que encontrara centros para trasladar pacientes con la Covid-19, una tarea por la que el empresario recibiría 5.000 euros mensuales de retribución a través de una sociedad, Foro 1406 SL, añade la misma información.
Las conversaciones telefónicas obtenidas por los investigadores revelan que se provocaron contagios mezclando residentes sanos con infectados, que se perdió el rastro de algunos residentes y también datos básicos como la dieta y la medicación de pacientes, y que se impidió que enfermos recibieran atención hospitalaria. En una de las conversaciones reveladas por El Confidencial, Vendrell admite que residentes de las residencias que gestionaba morían por "centenares".
Además, siempre según El Confidencial, los investigadores han captado la preocupación de Vendrell y del gobierno catalán sobre la posibilidad de que estos hechos aparecieran en los medios de comunicación, llegando al punto de ocultar información a las familias, y el interés del exconsejero en obtener victorias propagandísticas sobre el gobierno español. En este sentido, Vendrell solicitó al gobierno catalán una compra masiva de test por dos motivos: el primero, porque los juzgaba necesarios para superar la crisis, y el segundo, porque "políticamente es clave que salgan antes que España". "Cuando se dice que somos una nación, no hacerse el llorón por el número de mascarillas que han enviado [una referencia a la queja del consejero de Interior, Miquel Buch, sobre un envío de aproximadamente 1.714.000 mascarillas a Cataluña por parte del gobierno español], sino tener a la gente testada antes que nadie", decía Vendrell.
Las competencias sobre las residencias de la tercera edad pasaron del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que encabeza el consejero Chakir el Homrani, al Departamento de Salud, que lidera Alba Vergés, ambos de ERC. Vendrell se quejó en conversaciones con Aragonés y Rovira de que se había "puteado" a El Homrani porque no había recibido asignaciones de enfermeras ni médicos para hacer pruebas PCR en los centros geriátricos.
Vendrell, por otro lado, presumió de trabajar "para dos autoridades", en referencia en Maria Cinta Pascual, la presidenta de la patronal ACRA, y a Oriol Amorós, dirigente de ERC a quien la investigación atribuye una línea de adquisición de material sanitario paralela a la de la Generalitat, a través del emprendida Logaritmo, de la que el propio Amorós dijo que opera "como una mafia".
