La Audiencia ha expulsado el Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular de la causa por las cargas policiales del 1 de octubre. Finalmente, el tribunal ha aceptado la petición de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, a la cual se adhirió la Fiscalía.
Según que argumentan, el consistorio "no es ni el ofendido ni el perjudicado" en la causa y la carta municipal no habilita el Ayuntamiento para personarse como acusación popular.
El mes de mayo, el juez rechazó expulsar la acusación popular del Ayuntamiento de la causa, tal como habían pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Tanto Fiscalía como Abogacía recorrieron la decisión del juez y, ahora, los han dado la razón.
En Barcelona se han recibido más de 300 denuncias de lesionados por las cargas policiales de la jornada del referéndum convocado por la Generalitat. En total, hay una cincuentena de agentes de la Policía Nacional imputados, ocho de los cuales son inspectores. En la capital catalana, hubo cargas policiales en escuelas como la Mediterrànei, Pau Claris, Àgora o Ramon Llull.
Esta decisión llega el mismo día que cuatro inspectores han señalado al jefe de los antidisturbios de la Policía Nacional, con el nombre policial de "Marte", como la persona que dio la orden de actuar a los colegios.
