El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha modificado los criterios de cálculo de las ayudas que reciben las familias con personas discapacitadas ingresadas en un centro especializado público. Las nuevas condiciones, no comunicadas con antelación a los afectados, ha revelado este lunes la Cadena SER, llegan al extremo de elevar un copago de 18 euros hasta los 276 euros, como es el caso de un chico que hace más de dos décadas que se encuentra internado en Can Ruti, casi en estado vegetativo.
El nuevo criterio introducido por la Generalitat comporta la consideración del patrimonio en la concesión de las ayudas. Según la misma información, las familias, además de tener que soportar el encarecimiento, tienen que pagarlo retroactivamente. Es decir, Bienestar Social les reclama, de golpe, cuatro recibos.
El pago en función de la capacidad económica es el argumento esgrimido por la Generalitat para justificar la medida, pero agrupaciones como Dincat, que reúne a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad intelectual, la consideran injusta. Su presidenta, Rosa Cadena, ha declarado a la SER que «Nosotros lo que hemos pedido a la Generalitat es que el patrimonio de las personas con discapacidad sólo compute a partir de los 65 años, cómo con cualquier persona, pero que no cuenten desde el primer día que entren en un servicio».
Asimismo recomienda que se planteen reclamaciones contra las facturas retroactivas, algo que, indica, a menudo se descarta por miedo a que afecte a la permanencia del paciente, dado que las residencias disponen de un «protocolo de morosidad».
En cuanto al chico ingresado en el Centro de Disminuidos Psíquicos Profundos del Hospital Can Ruti, su madre explica que la última factura supera los 1.000 euros y que «Yo trabajo y puedo pagarlo pero habrá otras familias que no».
