Desde el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), una fuente que quiere mantener el anonimato afirma que "a nosotros nos han llegado casos de personas discapacitadas a las cuales se les ha dicho que no se daba tratamiento en centros hospitalarios porque tenían una esperanza de vida corta o una discapacidad", añadiendo que "en el protocolo del servicio de emergencias médicas, el SEM, si se aplica tal como está no llegan ni al hospital porqué se descartan previamente".

Rotundidad, pero también rabia y desesperación en la declaración de esta fuente de COCARMI que afirma que los pacientes con discapacidad son discriminados a la hora de recibir atención sanitaria durante la pandemia de la Covid-19, y que para la Generalitat se han convertido en ciudadanos de segunda, asegurando que "hemos sabido por familiares de nuestros afiliados, de personas que estaban hospitalizadas y a la hora de decidir qué tratamiento se tenía que aplicar directamente se aplicaban paliativos porque eran discapacitados".

La misma fuente asegura que "es necesario basar el triaje y la prioridad en función de la historia clínica pero no en base a las condiciones de la persona". Desde COCARMI quieren incidir en la diferenciación entre despriorizar o negar el tratamiento, y declaran con contundencia que "en cualquier situación de colapso no se tendría que negar el tratamiento a una persona debido a su condición".

Desde COCARMI se hace un llamamiento a través de un documento a los comités de ética de los hospitales, amparándose en los documentos firmados por el Comité de Bioética de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiendo que la toma de decisión sobre la atención médica tiene que basarse en un criterio de equidad y protección.

El mismo director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha remarcado que la pandemia del coronavirus es una amenaza global y que hay que atender y proteger a todas las personas, independientemente de si tienen o no una discapacidad. "Tiene que haber un criterio ético común", reclaman desde COCARMI "y que no se considere que unas vidas son más prescindibles que otras. Todas son igual de valiosas y tienen que tener el mismo derecho de asistencia".

En Cataluña hay 538.000 personas con discapacidad, lo que representa el 7% de la población total. De estos, el 50% son discapacitados físicos, el 10% auditivos y visuales, el 14% son discapacitados intelectuales y el 26% sufren una enfermedad mental.