(?) Ante la indefinición política, las asociaciones cannábicas están pendientes de un proceso que ha llegado al Tribunal Supremo, a raíz de la imputación de los tres responsables de un club de Barcelona.
La Fiscalía les pide penas de cinco años de prisión por delitos de tráfico de drogas y asociación ilegal. Considera que los tres imputados vendían marihuana de manera «indiscriminada» mediante la asociación que regentan en la calle Nou de la Rambla. Y añade que cuando la Guardia Urbana inspeccionó el local, en febrero de 2013, no disponían de licencia. Un argumento que la defensa, que pide la absolución, replica diciendo que en aquel momento ya estaban constituidos como asociación y que la licencia se estaba tramitando.
El fiscal considera que los tres encausados -el director, el secretario y el tesorero- querían «enriquecerse de manera ilícita». Los tres aseguran que no cobran para formar parte de la junta directiva del club y que se constituyeron para evitar el mercado negro. Explicaron ante el juez el control para limitar el consumo de los socios y los mecanismos para evitar que salieran a la calle con la marihuana.
«No dejamos entrar a turistas, hay que esperar un día para entrar al club desde que se hace el carné y se paga la cuota, la mayoría de socios son del barrio, estamos inscritos en Hacienda y pagamos impuestos», enumera ‘Lolo’, uno de los encausados. Desde la asociación recuerdan que la última de las tres veces que la Guardia Urbana ha entrado en el local les han pedido que cambiaran unos filtros que los han costado 15.000 euros.
«Todavía no los hemos acabado de pagar y ahora sale Trias a anunciar que cerrarán la mayoría de clubes. ¿Qué sentido tiene? ¡No saben qué dicen!», apunta ‘Lolo’, quien añade que hay un centro sanitario a unos 80 metros del club y que nunca, en los tres años que hace que están en el barrio, no han recibido ninguna queja de ningún vecino: «Nadie de la calle sabe que esto es una asociación porque no lo anunciamos en ninguna parte, como sí que hacen, por ejemplo, los estancos».
«Consumo compartido»
Es la primera vez que la Audiencia de Barcelona juzga a los miembros de una asociación cannàbica por asociación ilícita. Un hecho que para el abogado de la defensa, Alejandro Barrantes, resulta ridículo: «No tiene ningún tipo de lógica que unas personas que tienen intención de cometer un delito lo plasmen en un documento, lo presenten en un registro oficial y que pretendan que no haya ningún tipo de consecuencia legal. No es el perfil de una organización criminal!».
A principio de marzo, la Audiencia provincial absolvió a los tres directivos de la asociación con una sentencia que desgrana, punto por punto, la doctrina del «consumo compartido organizado» y determina que «es beneficioso porque hay más control por parte de las instituciones y se establece mayor salubridad». Pero la Fiscalía la ha recorrido y ahora los juzgará el Tribunal Supremo.
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