La Conselleria de Educación gallega ha optado por saltarse la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en marzo declaró ilegales los contratos de subvención de cinco centros educativos privados de la comunidad, alegando que hay recursos presentados ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia puede ser revocada.
Tras conocerse la sentencia, la Xunta anunció que la acataba, pero ahora ha sorprendido en pleno agosto al publicar la lista de centros que reciben dinero público, entre los que se encuentran los cinco que ofrecen una educación diferenciada por sexos.
La solución de la Xunta es no financiar el primer curso de los cincos centros, todos con un fuerte componente religioso. De esta manera, los cuatro que pertenecen a Fomento de centros de Enseñanza, empresa vinculada al Opus Dei, estarán subvencionados excepto en primero de primaria; mientras que el colegio Aloya, perteneciente a la Asociación Fontenova, no tendrá concierto para primero de la ESO, pues no ofrece educación infantil.
Entre las excusas de la Conselleria de Educación, además del recurso presentado por los centros al Tribunal Supremo, se incluye que la Ley que está preparando el Ministro Wert pretende blindar este tipo de conciertos y proteger las subvenciones a centros con alumnado segregado por sexos.
