El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha exigido al gobierno de España que investigue la intrusión que sufrió en su teléfono móvil en 2019, revelada por una información de El País y The Guardian que asegura que se produjo mediante la explotación de una rendija de seguridad de Whatsapp aprovechada por el programa de espionaje Pegasus.

Torrent ha afirmado que se trata de la "primera vez que se acredita de forma concluyente lo que muchos ya sabían y habíamos denunciado: que en el Estado español se practica el espionaje político contra adversarios políticos". "Hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran", ha asegurado sobre lo que ha descrito como "escuchas prospectivas para criminalizar un movimiento pacífico y democrático" desde los "aparatos del Estado".

El presidente del Parlamento catalán considera que la información de El País y The Guardian evidencia la existencia de una "causa general contra el independentismo", a la que ha atribuido que "tengamos presos políticos y exiliados", y también ha relacionado su contenido con denuncias de espionaje similares por parte de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y del miembro de la ANC Jordi Domingo.

Torrent considera una "exigencia democrática" que se investigue el caso y, en este sentido, ha exigido al gobierno español no sólo que se pronuncie sobre la cuestión, sino que asuma la investigación y que se depuren responsabilidades.

En referencia al posible conocimiento que el ejecutivo de Pedro Sánchez haya podido tener, el presidente de la cámara catalana ha expresado que si lo sabía, ha sido "cómplice de un delito", y que, si no, ello pone de manifiesto "un síntoma muy preocupante" de "negligencia política", según su parecer.

"Iremos hasta el final", ha añadido sobre un asunto que pretende que sirva "para poner fin a la guerra sucia contra el independentismo".

Según ha publicado El País, Whatsapp facilitó a Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Munk School establecido en la Universidad de Toronto, la lista de números de teléfono vulnerados con Pegasus, al menos 1.400 en todo el mundo, de los que un centenar son de "representantes de la sociedad civil", añade el mismo diario citando la respuesta de Citizen Lab.