El gobierno catalán pagará a la sanidad privada más de 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una Unidad de Cuidados intensivos (UCI), según informa la Cadena Ser. El pago que efectuará el ejecutivo liderado por Quim Torra es bastante superior al coste estimado que tiene por la patronal catalana el tratamiento diario en las UCI: unos 1.000 euros.

Cataluña, de este modo, se convierte en la primera comunidad autónoma en pagar por los servicios a la sanidad privada, pero lo hará abonando 43.000 euros por cada enfermo que sea intervenido en la UCI e independientemente del tiempo que haya estado.

Para los pacientes menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500 euros por hospitalizaciones inferiores a los tres días, y 5.000 por los que estén cuatro o más días. Además, el gobierno catalán pagará 93 euros por cada test PCR que lleve a cabo la sanidad privada. Tanto la sanidad privada como la Generalitat han calculado que la estancia media en la UCI es de 21 días, y han asegurado que los precios pactados son razonables.

El director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Lluís Monset, ha señalado que "el tratamiento son poco más de 1.000 euros al día, que parece un precio muy alto, pero efectivamente tiene estos costes y, por lo tanto, nos parecen adecuados".

Aún así, al final de la pandemia se hará una auditoría para reajustar los costes, teniendo en cuenta que sólo se obligará a los centros hospitalarios privados a devolver el dinero si éstos últimos han obtenido un beneficio demasiado elevado. Si la factura es más elevada, será el ejecutivo catalán quién abone la diferencia, pero si es la privada quién obtiene beneficios, se devolverán sólo si estos superan lo que es razonable.

Esta noticia llega pocas horas después de que Quim Torra afirmara, tras la reunión de los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, que esta crisis sociosanitaria "la tiene que pagar el Estado" y que señalara que los 14.000 millones de euros para las autonomías anunciados por el ejecutivo central "no es un extra de liquidez, sino lo que ya estaba previsto en el modelo de financiación".