El presidente de la Generalitat, Quim Torra, la consejera de Salud, Alba Vergés, y el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, han evitado ejercer la autocrítica en el Pleno que ha celebrado el Parlament, este martes 6 de julio, sobre la gestión de las residencias para ancianos y para personas con discapacidad durante la pandemia de la Covid-19. Lo que más se ha acercado a un reconocimiento de errores en la gestión ha sido la reflexión de Alba Vergés, cuando ha afirmado de forma genérica que "todos hemos fallado y todos tenemos que ser capaces de aprender de lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir". Los tres representantes del gobierno y también los portavoces de los grupos de ERC y JxCat, Sergi Sabrià y Josep Maria Forné, han trasladado buena parte de la responsabilidad del caos en la gestión de las residencias y la mortalidad elevada que se ha producido en ellas a la financiación autonómica que consideran escasa, las trabas a la gestión del gobierno catalán causadas por lo que consideran 'recentralización' de competencias durante el estado de alarma y al hecho de que la crisis ha afectado de forma pareciendo a los centros de atención de la gente mayor de muchos países de todo el mundo.

Vergés y Homrani se han presentado al Pleno con un Plan de contingencia que han elaborado conjuntamente para hacer frente a una posible segunda oleada de la pandemia en otoño. Este Plan supone una inversión de 96 millones de euros, contempla la contratación de 1.800 nuevos trabajadores y la reserva de 2.800 plazas en las residencias para personas que se contagien con la Covid-19. Esta reserva de plazas provocará, según reconoció El Homrani, que aumente la lista de espera para acceder a las residencias. El portavoz del grupo del PSC-Units per Avançar, Raül Moreno, se ha felicitado porque la celebración del Pleno sobre residencias, solicitado entre otros grupos por el socialista, ha forzado al gobierno a presentar este Plan de contingencia, mientras que la portavoz del grupo de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha señalado que ha llegado tarde.

La portavoz de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribas, ha recordado que el gobierno de la Generalitat tiene competencia plena en el ámbito de las residencias y que en esta crisis se ha demostrado que no ha tenido "ni ojos, ni oídos, ni control territorial" de estos recintos. "La gente se ha sentido abandonada", ha señalado Ribas. Esperanza García, en nombre del PP, ha afirmado que el gobierno de la Generalitat ha sido superado por los efectos de la pandemia en las residencias y le ha reclamado una mayor autocrítica. "Reconocer errores ayudaría no a salvar vidas sino a evitar que se vuelva a repetir lo que hemos vivido", ha dicho. En su turno, el portavoz del grupo de la CUP-CC, Vidal Aragonés, ha hecho hincapié en su intervención en la denuncia de las empresas privadas que gestionan buena parte de las residencias en las que se han producido el mayor número de muertos de residentes.

Los representantes del gobierno también han responsabilizado al gobierno español del retraso con que se suministraron equipos de protección individuales (EPIs) a los trabajadores de las residencias y han negado que dieran instrucciones para que no se trasladara residentes afectados por la Covid-19 a los hospitales. Raül Moreno ha pedido, por el contrario, que el departamento de Salud, haga público quién fue el cargo que distribuyó esta directiva a los centros hospitalarios. Alba Vergés ha dicho sentirse especialmente dolida porque en el Pleno se ha insistido desde la oposición en la negativa del gobierno a las tareas de desinfección de las residencias por parte del ejército español. Para ella, ésta ha sido una cuestión secundaria.

Los portavoces del gobierno y de la oposición han coincidido en que hace falta un cambio de modelo de gestión de las residencias. Los modelos que proponen los diferentes grupos no son, sin embargo, coincidentes y habrá que ver como tomará cuerpo esta nueva forma de gestionar las residencias. De momento, loque se pondrá en marcha es una Comisión de Investigación sobre esta crisis en las residencias, que presidirá la socialista Eva Granados