El presidente del gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha reculado sobre las controvertidas declaraciones que ha realizado las últimas horas sobre la entrega del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el papel del gobierno y la Fiscalía.

Durante el debate de esta semana con los candidatos de PP, Cs, Unidas Podemos y Vox, Sánchez había anunciado que traerá a Puigdemont a España si sigue gobernando. Este miércoles, para explicar en una entrevista a RNE cómo lo haría, el dirigente socialista ha dado a entender que la Fiscalía recibe órdenes del ejecutivo.

Las principales asociaciones de fiscales han expresado su malestar por estas declaraciones, han afirmado su independencia y han negado que cumplan órdenes del gobierno español.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha negado la existencia de injerencias políticas en el trabajo de los fiscales, pero ha recordado que al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno.

Finalmente, Sánchez ha usado Twitter este miércoles a mediodía para salir al paso de la polémica con palabras políticamente correctas: "Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general".