El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido a la que hasta ahora era su ministra de Justicia, Dolores Delgado, como la nueva fiscal general del Estado, en sustitución de María José Segarra.

La decisión, que se tiene que aprobar oficialmente en la reunión del Consejero de Ministros de este martes, se enmarca en la línea de desjudicialitzar la reacción del Estado central contra el proceso independentista, la apuesta del nuevo gobierno socialista.

Delgado, que había desarrollado principalmente su carrera como fiscal en la Audiencia Nacional antes de encabezar el ministerio de Justicia durante un año y medio, asumirá su nuevo cargo cuando, a propuesta del gobierno, la nombre el rey Felipe VI.

El hecho de nombrar a la que hasta ahora era su ministra de Justicia como fiscal general pone de manifiesto que Sánchez no prioriza las apariencias sobre la opción de adjudicar a una figura de su confianza la máxima responsabilidad sobre un organismo que se tiene que regir por los principios de imparcialidad e independencia.

Precisamente, Sánchez enfadó a los fiscales cuando, durante una entrevista, relacionó el cumplimiento de su promesa de traer a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el control que, según dio a entender -"¿De quién depende la Fiscalía?"-, ejercía el gobierno sobre la Fiscalía. Posteriormente, reculó y dijo que la Fiscalía cuenta con el apoyo del gobierno.

La oposición ha criticado el nombramiento de Delgado. El presidente del PP, Pablo Casado, considera que se trata de un ataque a la separación de poderes y que Delgado "será la ministra 23". Desde Cs señalan que la decisión de Sánchez de desjudicialitzar la política es, en realidad, la politización de la justicia.